Río Negro avanza con un registro para quienes rechazan transfusiones de sangre
La Legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta la creación de un registro provincial para dejar asentada por objeción de conciencia o religiosa la negativa a recibir transfusiones.
Qué se aprobó
La Legislatura de Río Negro dio media sanción a un proyecto que crea un registro provincial donde las personas podrán dejar asentada, de manera anticipada, su decisión de no recibir transfusiones de sangre por motivos religiosos o de conciencia.
El impulsor de la iniciativa es el legislador Javier Acevedo (Ari-Cambiemos), quien explicó que la norma busca cubrir "vacíos legales" que hoy dejan a los equipos de salud y a los pacientes en situaciones difíciles de resolver.
Cómo funcionaría
Según detalló Acevedo, si una persona está registrada y llega a un centro de salud en estado grave, se respetará su voluntad de no recibir la transfusión y el equipo médico deberá buscar tratamientos alternativos. En cambio, si la persona no figura en el registro y llega inconsciente, los médicos podrán realizar la transfusión sin necesidad de consultar a familiares, algo que hoy suele derivar en la Justicia.
El caso de los menores
El proyecto incluye un tratamiento especial para adolescentes de entre 16 y 18 años, a pedido de la legisladora Ayelén Spósito. Aunque la ley reconoce autonomía a esa franja etaria, ante una negativa a transfundirse deberá intervenir la Justicia de forma rápida, priorizando el derecho a la vida por sobre la decisión del menor.
Antecedentes en la provincia
Acevedo recordó dos casos judicializados en Río Negro:
En 2017, en Bariloche, los padres de un nene de 6 años se negaron a una transfusión por ser testigos de Jehová; la Justicia ordenó igualmente realizarla.
El año pasado, en el Hospital Zatti de Viedma, un joven que sufrió un accidente de moto quedó inconsciente y la familia se opuso a la transfusión; una jueza de Familia autorizó el procedimiento y el joven sobrevivió.
El marco legal actual
La iniciativa se apoya en la Ley Nacional 26.529, que regula los derechos del paciente y reconoce la autonomía para aceptar o rechazar tratamientos médicos, además del acceso a la historia clínica y el consentimiento informado.
