Vuelve a postergarse el desalojo de una madre de cinco hijos en Viedma
El juez Reussi suspendió la ejecución del desalojo de Elisabet Romero y convocó a una nueva audiencia con presencia obligatoria del IPPV, el Municipio y otros organismos estatales.
La audiencia
La ejecución del desalojo de Elisabet Romero, condenada por usurpar un departamento de la Fundación Creando Futuro en el barrio 20 de Junio de Viedma, quedó nuevamente en suspenso este lunes. El juez Carlos Reussi resolvió postergar una definición y citar a una nueva audiencia antes de decidir si ordena el desalojo compulsivo.
La jornada comenzó con demora porque se esperaba la llegada de representantes del Municipio de Viedma y del IPPV, que finalmente no asistieron pese a estar convocados. Esa ausencia fue uno de los factores centrales que pesaron en la decisión del magistrado.
La postura de la Fiscalía
El fiscal Francisco Marano repasó el proceso judicial, iniciado tras la ocupación del inmueble en 2020 y con condena dictada en mayo de 2024. Recordó que el desalojo se postergó varias veces, principalmente por el delicado estado de salud de una de las hijas de Romero, trasplantada, aunque señaló que esa urgencia ya disminuyó.
Según informes socioambientales citados en la audiencia, la vivienda presenta un deterioro importante -filtraciones, humedad y deficiencias estructurales- que afecta también la salud de la niña. Pese a eso, la Fiscalía sostuvo que no quedan alternativas dentro del expediente penal y pidió que se efectivice el desalojo, aunque solicitó que en ese momento intervengan la SENAF, el Municipio, el IPPV y el fuero de Familia.
Los cuestionamientos de la defensa
El abogado Carlos Dvorzak cuestionó la falta de respuestas concretas del Estado pese a los numerosos informes elaborados en los últimos años. Citó un informe del Cuerpo de Investigación Forense que describe un cuadro de pobreza estructural, violencia de género, precariedad laboral y falta de acceso a la vivienda, y remarcó que una eventual situación de calle podría comprometer el interés superior de los niños y la salud de la menor trasplantada.
El defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan José Álvarez Costa, coincidió en que la problemática excede lo penal y anunció nuevas gestiones vinculadas a la cuota alimentaria y a la intervención de organismos de protección integral.
La decisión del juez
Reussi remarcó que existe una condena firme por usurpación -"hace seis años está ocupando una vivienda que no tiene derecho a ocupar", dijo- pero reconoció que el caso expone una realidad más compleja. Criticó la falta de respuestas estatales sostenidas en el tiempo, más allá de los cambios de funcionarios.
El magistrado resolvió convocar a una nueva audiencia con presencia obligatoria del IPPV, el Municipio de Viedma, Desarrollo Humano, Salud y demás organismos involucrados, para escucharlos antes de definir el desalojo.
