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Sierra Grande tendrá Fiscalía y Defensoría Penal descentralizadas
Política

Sierra Grande tendrá Fiscalía y Defensoría Penal descentralizadas

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la creación de ambos organismos judiciales para Sierra Grande, en el marco del crecimiento previsto por Vaca Muerta Oil Sur.

La Legislatura de Río Negro dio media sanción a un proyecto que crea una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal para Sierra Grande, con el objetivo de fortalecer el servicio de Justicia en una localidad que proyecta un fuerte crecimiento poblacional y económico.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores de Juntos Somos Río Negro Facundo López, Lucas Pica, Luis Noale, Aimé Kircher y Marcela Rossio, y actualiza una ley de 2010 que nunca llegó a implementarse.

Un reclamo histórico

La demanda de contar con estos organismos en Sierra Grande es antigua. La nueva norma adapta aquella disposición al actual Código Procesal Penal y suma como fundamento el impacto esperado del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará la Cuenca Neuquina con una terminal de exportación petrolera en Punta Colorada.

Los números que respaldan el proyecto

La legisladora Aimé Kircher citó estadísticas de la Fiscalía de San Antonio Oeste para justificar la medida:

Viedma registró unos 2.800 legajos entre enero y la actualidad de 2026, repartidos en ocho fiscalías (350 causas promedio cada una).

San Antonio Oeste tramitó cerca de 1.590 legajos en el mismo período, equivalente al trabajo de cuatro fiscalías y media.

Alrededor del 40% de esos expedientes, más de 630 causas, corresponden a Sierra Grande y Playas Doradas.

Según Kircher, esa carga de trabajo ya supera el promedio de una fiscalía capitalina, incluso antes del impacto pleno de los proyectos energéticos y portuarios.

Sin apuro, aclaran los impulsores

Facundo López pidió no generar expectativas de una implementación inmediata. Explicó que, tras la sanción de la ley, deberá iniciarse el proceso de selección de fiscal y defensor, con inscripción de postulantes, evaluación de antecedentes, exámenes e intervención del Consejo de la Magistratura. También se necesitará un edificio adecuado, tarea que ya gestiona la intendenta Roxana Fernández junto al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

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