San Antonio Oeste propone nuevas reglas de seguridad para recitales y eventos en playas
Un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante fija niveles de riesgo, exige planes de emergencia y traslada costos operativos a los organizadores de eventos masivos en Las Grutas y la zona.
Un marco único para eventos masivos
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste busca regular recitales, fiestas y actividades nocturnas en playas de San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este, estableciendo un marco común de seguridad y control.
Qué se considera evento masivo o de riesgo especial
La iniciativa define como masivo a todo espectáculo con 300 o más asistentes. Pero también podría categorizarse como de "riesgo especial" a eventos más chicos si incluyen:
Escenarios o estructuras complejas
Instalaciones eléctricas provisorias
Efectos especiales o drones
Venta de alcohol
Actividad nocturna
Desarrollo en playas o sectores costeros
Se establecerían cuatro niveles de riesgo según cantidad de público, horario, estructuras, ubicación y cercanía a centros de salud.
Nuevo plan de seguridad obligatorio
El proyecto crea el Plan Integral de Seguridad y Gestión de Emergencias del Evento (PISGEE), que reemplazaría al actual Plan de Contingencias. Deberá estar firmado por un profesional de Higiene y Seguridad, e incluir para los eventos más complejos planes de evacuación, prevención de incendios, atención sanitaria y coordinación ante emergencias.
Exigencias específicas para la playa
Los eventos en playas o sectores de difícil acceso necesitarán una evaluación especial que contemple el ingreso de ambulancias, tiempos de respuesta y vías de evacuación. También se prevé un protocolo obligatorio ante condiciones climáticas adversas, que defina cuándo suspender la actividad y cómo comunicar una evacuación.
Quién controla y quién paga
Bomberos, hospitales y Policía emitirían informes técnicos, pero la autorización final quedaría en manos de la Municipalidad de San Antonio Oeste. Los organizadores privados deberán afrontar los gastos extra del operativo -como refuerzos de Policía, Bomberos o ambulancias privadas- y contratar seguros de responsabilidad civil.
El Municipio podría suspender o clausurar preventivamente un evento ante un riesgo grave e inminente. El proyecto prevé multas, clausuras e inhabilitaciones de hasta cinco años para quienes incumplan, incluyendo hacer eventos sin autorización o superar el límite de público.
Si se aprueba la ordenanza, el Ejecutivo municipal tendrá 90 días para reglamentarla y definir la matriz de evaluación de riesgos.
