Río Negro reglamentó las Comunidades de Usuarios para compartir el agua de riego
El DPA reglamentó una figura legal de 1995 que permite a productores organizarse formalmente para administrar tomas, canales y obras hídricas compartidas.
El Gobierno de Río Negro reglamentó el funcionamiento de las Comunidades de Usuarios, una figura prevista desde 1995 en el Código de Aguas que hasta ahora no tenía marco operativo. La medida permite que productores u otros usuarios que comparten una misma fuente de agua, como una toma, presa o canal, puedan organizarse formalmente bajo supervisión del Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Qué cambia para los usuarios
Con la reglamentación, quienes comparten infraestructura hídrica podrán conformar una persona jurídica que actúe como interlocutora única ante el DPA. Esto reemplaza la necesidad de recurrir a figuras del derecho privado, como asociaciones civiles, para organizarse.
Podrán establecer sus propios reglamentos internos de distribución del agua.
Administrarán en conjunto las obras comunes.
Cada integrante deberá aportar proporcionalmente a los gastos de mantenimiento y operación.
No hay un número mínimo de integrantes: desde dos usuarios ya pueden constituir una comunidad.
Diferencia con los consorcios de riego
Según el DPA, esta nueva figura no reemplaza a los consorcios de riego, que administran sistemas públicos de mayor escala. Las Comunidades de Usuarios están pensadas para grupos más chicos que comparten una obra puntual y necesitan una estructura más simple, similar a un consorcio pero de menor dimensión.
El asesor legal del DPA, Miguel Volonté, explicó que la iniciativa surgió de la propia asesoría del organismo y que busca "terminar de dar el paso legal que faltaba". Según detalló, la figura puede ser útil, por ejemplo, cuando un campo con una sola boca de riego se divide entre varios familiares que siguen usando la misma infraestructura, especialmente si esas parcelas luego se venden a terceros.
Volonté aclaró además que el alcance no se limita al riego agrícola: la normativa contempla comunidades de usuarios de agua pública en general, que pueden incluir usos ganaderos, industriales o energéticos.
Alcance provincial
La normativa rige en toda la provincia y su aplicación dependerá de que los propios usuarios decidan avanzar en la constitución formal de estas comunidades, algo que hasta ahora solo podía consultarse de manera informal ante el organismo.
