Río Negro aprobó el protocolo "Alerta Sofía" para buscar menores desaparecidos

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, en segunda vuelta, la ley que crea el Protocolo Provincial de Activación "Alerta Sofía" para la búsqueda, localización y resguardo urgente de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en la provincia.

Cómo funciona el protocolo

La norma establece que las denuncias deben ser recibidas de manera inmediata por autoridades policiales, judiciales o administrativas, sin exigir plazos de espera ni requisitos previos. La negativa o demora injustificada será considerada falta grave.

La aplicación de la Alerta Sofía deberá evaluarse dentro de las tres horas posteriores a la denuncia.

Podrá activarse de inmediato si hay peligro inminente para la vida o integridad del menor, o si se trata de una persona con discapacidad.

Se requiere denuncia formal, riesgo grave, información suficiente para identificar a la persona y que la difusión pública pueda ayudar a encontrarla.

Otras normas de la sesión

En la misma sesión, la Legislatura sancionó un registro provincial para dejar asentada la decisión anticipada de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia, y creó una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal con asiento en Sierra Grande.

También se aprobó la Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio, con el 18 de octubre como Día Provincial de la Menopausia, y se declaró de interés ambiental, educativo y cultural al churrinche, ave autóctona de la provincia.

Hubo además reconocimientos: fueron declarados Ciudadanos Ilustres el doctor Alberto Ticlo López Kruuse, el arquitecto Oscar Sanguinetti y Néstor Gómez, cofundadores de la Regata Internacional del Río Negro, y también Nilda Nervi de Belloso. Se declaró Monumento Histórico Provincial al Anfiteatro Municipal "Cono Randazzo" de Villa Regina y fiesta provincial a la Fiesta de la Chicha, de Mallín Ahogado.

Cambios en el Fondo para la Vivienda y Turismo Social

La Legislatura también aprobó una resolución que pone fin a la intervención del Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo, vigente desde 2014, para devolver su administración a la Asociación Personal Empleados Legislativos (APEL). Una Comisión Normalizadora y de Transición tendrá 60 días, prorrogables por igual período, para elaborar un nuevo reglamento. Mientras tanto, las cuentas bancarias operarán con firmas conjuntas de un representante de la Legislatura y otro de APEL.