Piden explicaciones al Gobierno rionegrino por una cooperativa irregular que construye viviendas en Viedma
El bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes sobre la Cooperativa Santa Clara, que según una disposición oficial estaba en estado de disolución desde 2015 pero siguió a cargo de 50 viviendas en Viedma.
El bloque legislativo Vamos con Todos, encabezado por José Luis Berros, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Río Negro explique la situación de la Cooperativa de Vivienda Santa Clara Ltda., involucrada en la construcción de 50 viviendas en Viedma financiadas con fondos públicos a través del programa Camino a Casa.
La iniciativa, firmada por 15 legisladores opositores, apunta al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales.
El punto central del reclamo
Según el pedido, una disposición de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales indica que Santa Clara no presentaba "visos de regularidad" desde 2015 y se encontraba en un "estado irremediable de disolución y liquidación". Pese a eso, tres días antes de esa disposición, funcionarios provinciales habían recibido en Casa de Gobierno a quien fue presentado como presidente de la cooperativa, durante un acto de apertura de ofertas para las 30 viviendas restantes del proyecto.
De ese acto participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el titular del IPPV, Mariano Lavín; el legislador oficialista Facundo López y el intendente de Viedma, Marcos Castro.
Qué información se pide
Qué efectos tuvieron las resoluciones del INAES que retiraron la autorización para funcionar de la cooperativa.
Qué dictámenes jurídicos sostuvieron el convenio pese a esa situación.
Quién verificó la capacidad legal de la entidad para participar del programa.
Qué controles hubo sobre la selección de beneficiarios, que estuvo a cargo de la propia cooperativa.
Documentación sobre terrenos, contratos, fondos desembolsados y rendiciones.
Diferencia de costos entre etapas
El pedido también señala que las primeras 20 viviendas tuvieron un costo final superior a los $1.671 millones, mientras que para las 30 restantes se presentaron ofertas por más de $2.900 millones. Berros pidió que el Gobierno explique los mecanismos de control de costos y administración de fondos.
"Cuando se utilizan recursos públicos, el Gobierno tiene la obligación de garantizar transparencia, razonabilidad de los costos y controles efectivos", sostuvo el legislador.
La iniciativa fue acompañada por Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich, Martina Lacour, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala.
