
Foto ilustrativa
Perros de caza: ¿cuándo se prohíbe? Tres años del proyecto y ni una sola reunión de comisión
La Legislatura de Río Negro convocó una audiencia pública, escuchó a veterinarios y guardafaunas, recibió las firmas de los vecinos y el respaldo de más de cien organizaciones. Después archivó el tema. Tres años más tarde la práctica sigue autorizada, la única norma que salió obliga a ponerle un chip a cada perro, y no existe un solo dato público sobre si alguien lee esos chips.
En abril de 2023, un título de la prensa local daba por hecho lo que parecía inminente: la Legislatura de Río Negro estaba "a un paso" de prohibir la caza de jabalí con jauría. El legislador Nicolás Rochás, que impulsaba la iniciativa junto a Daniel Belloso, describía "un amplio y muy significativo rechazo" a la práctica.
Tres años después, el proyecto sigue sin tratamiento en comisión y la caza de jabalí con perros continúa autorizada en Río Negro.
Entre una cosa y la otra hubo una audiencia pública de dos días, un centenar de organizaciones adheridas, planillas de firmas de vecinos rionegrinos y el testimonio de veterinarios, biólogos y guardafaunas. Todo eso está en el expediente. Lo que no hay, en tres años, es una sola reunión de comisión donde se haya discutido.
Qué proponía el proyecto que quedó en un cajón
El texto es breve y no deja lugar a interpretaciones. Su artículo primero establece:
"Queda prohibido en todo el territorio de la Provincia de Río Negro la utilización de perros, ya sea en forma individual o en jauría, para la práctica de la caza en cualquiera de sus formas."
Consideraba infracción tanto emplear perros para cazar como entrenarlos o facilitarlos con ese fin, y preveía tres sanciones: multa graduada por la autoridad de aplicación, secuestro o decomiso de las armas y de cualquier elemento usado para la infracción, y baja de la licencia de caza por entre uno y tres años en caso de reincidencia.
No era una iniciativa aislada de un despacho. Los fundamentos dejan constancia de que se trabajó con la agrupación ChéGalgo, a la que adhieren más de un centenar de organizaciones de todo el país, y que se acompañaron planillas de adhesión firmadas por ciudadanos rionegrinos. Esas firmas se reunieron durante la Audiencia Pública del 28 de febrero y el 1 de marzo de 2023, convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático justamente en el marco de la apertura de la temporada de caza de jabalí con perros de ese año.
Lo que el propio expediente dice sobre los perros
Los fundamentos del proyecto describen el trato que reciben los animales que se usan para cazar. No es el relato de una red social: es un documento de la Legislatura provincial.
Sobre la atención de las heridas, el texto sostiene que a los perros "se les niega atención veterinaria cuando son heridos, siendo los mismos cazadores quienes los cosen sin mayor asepsia".
Y sobre qué pasa con el animal que se pierde durante la cacería, el expediente es todavía más explícito:
"En la cacería hay perros que se pierden en búsqueda del animal para cazar, y el cazador aplicará el mismo criterio: si el animal amerita ser buscado, lo hará y sino, lo dejará abandonado."
Esa frase, escrita en 2023, describe con precisión lo que las proteccionistas de la comarca vienen denunciando cada temporada: perros que aparecen en los alrededores de Viedma y Carmen de Patagones heridos, desnutridos y buscando agua.
La ley que sí salió: un chip por perro
La prohibición no prosperó, pero en 2024 la provincia reguló la actividad. Según explicó entonces el subsecretario de Fauna, Roberto Espósito, la medida central fue "la aplicación de un chip, una identificación electrónica para que cada animal esté identificado".
A eso se suman un certificado sanitario emitido por veterinario, protecciones para los animales, la licencia de caza deportiva y los papeles de tenencia de armas. La actividad se rige por la Ley 2056, de caza deportiva, y la Ley 4043, de perros potencialmente peligrosos, y el control queda en manos de guardafaunas que trabajan con brigadas rurales y policía.
La pregunta que el chip vuelve inevitable
Si desde 2024 cada perro que sale a cazar debe estar identificado electrónicamente, entonces cada perro que aparece abandonado y herido tiene, en teoría, un dueño identificable.
Eso convierte una discusión moral en una administrativa, con respuestas que deberían existir:
- Cuántos perros se registraron con chip para la temporada en curso.
- Cuántos controles hicieron los guardafaunas.
- Cuántas infracciones se labraron por perros sin identificar.
- Qué pasa cuando aparece un perro de caza abandonado: si se le lee el chip, y si esa lectura derivó alguna vez en una sanción.
Ninguno de esos datos es público. No existe tampoco un registro provincial ni nacional de cuántos perros mueren o quedan heridos en la caza deportiva: la cifra, sencillamente, no se lleva.
Una norma que obliga a identificar a cada animal pero no produce un solo número verificable sobre qué pasó con ellos es, en los hechos, una norma sin control.
Mientras tanto
El proyecto que proponía prohibir la caza con perros cumple tres años sin haber sido tratado en comisión.
En ese lapso la provincia convocó a los vecinos a una audiencia pública, tomó nota de lo que dijeron y sancionó una norma que obliga a identificar electrónicamente a cada animal. Lo que no consiguió, o no intentó, es producir un solo dato sobre qué pasa con esos perros.
La discusión sobre fechas de apertura y cierre de temporada ordena el calendario de la actividad, pero no toca el fondo: lo que el proyecto de 2023 proponía prohibir no era una temporada, era el uso de perros para cazar, en cualquier época del año y en cualquiera de sus formas.
El Puente Noticias mantiene abierto el espacio para la Subsecretaría de Fauna de Río Negro, para los legisladores autores del proyecto y para las asociaciones de cazadores.




