Comerciantes rionegrinos piden frenar la creación del nuevo ente regulador de servicios
Cámaras empresarias reclaman postergar el proyecto que elimina el EPRE y unifica el control de energía, agua y cloacas en Río Negro, por falta de participación en el debate.
El gobierno de Alberto Weretilneck impulsa la creación de un único Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeC) que reemplazaría al EPRE y absorbería funciones del DPA en el control de energía, agua potable y saneamiento. El proyecto tiene tratamiento legislativo esta semana, con Plenario de Comisiones y una sesión prevista para el jueves en la Legislatura.
Cámaras comerciales y empresarias de la provincia salieron a cuestionar la rapidez del trámite y pidieron una prórroga para analizar con más detalle los alcances de la reforma.
Qué objetan las entidades
La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC) y la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FERN) coincidieron en reclamar más tiempo y participación antes de la votación.
El nuevo ente tendría un Directorio de tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, sin acuerdo legislativo.
Las cámaras piden representación directa de productores, comerciantes y usuarios en ese organismo.
Advierten que el proyecto deja abierta la puerta a que el ente sume el control de otros servicios públicos en el futuro.
"Pedimos tiempo, participación y transparencia antes de votar", planteó la CAIC. La FERN, presidida por Walter Sequeira, remarcó que quienes pagan las tarifas "tienen que tener voz" en el organismo que las regula.
Qué establece el proyecto oficial
Según la iniciativa del Ejecutivo, el ERSeC concentraría la fijación de tarifas, la aprobación de cuadros tarifarios, el control de prestadores, la aplicación de sanciones y la resolución de conflictos vinculados a los servicios. También absorbería los reclamos de usuarios por deficiencias en la prestación o problemas de facturación.
La reforma implica la desaparición del EPRE y la concentración de funciones hoy repartidas entre distintos organismos provinciales, entre ellos el DPA, que cedería su rol de control sobre agua y cloacas a las propias prestadoras.
