Caso Mandagaray: el abogado de la familia criticó la demora del STJ para confirmar las condenas
El Superior Tribunal desestimó el reclamo de las defensas de los cuatro condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray. El abogado Damián Torres cuestionó los casi tres años que tardó esa instancia y explicó qué sigue para la causa.
Confirmación de condenas
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro desestimó un reclamo presentado por las defensas de los cuatro condenados por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, ocurrida en abril de 2021 en Bahía Creek. Con esta resolución quedaron confirmadas las condenas contra Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo, Marcelo Ariel Contreras y Maximiliano Ariel Vitali Méndez, tras una revisión integral realizada por una nueva integración del Tribunal de Impugnación.
La crítica a los tiempos judiciales
Damián Torres, abogado que representa a la familia Mandagaray, remarcó en Radio Noticias que el proceso judicial tardó demasiado en su última etapa. Según relató, la investigación y el juicio se resolvieron con rapidez: el hecho ocurrió el 15 de abril de 2021 y para la misma fecha de 2023 la causa ya estaba en juicio. Para noviembre de ese año, el Tribunal de Impugnación había confirmado las condenas.
Sin embargo, Torres explicó que desde entonces el expediente quedó atrapado en un ida y vuelta entre el STJ y el Tribunal de Impugnación: el Superior devolvía el caso por considerar que la revisión no había sido completa, el Tribunal de Impugnación volvía a confirmar la condena, y el proceso se repetía. "Así estuvimos hasta ayer, casi 3 años dando vueltas, que estuvieron de más, porque se volvió a confirmar lo mismo", afirmó el letrado.
Qué sigue en la causa
Torres señaló que el proceso terminó en la Justicia de Río Negro y que la única instancia que queda disponible es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aclaró que, al no estar firmes las condenas mientras puedan apelarse ante la Corte, los condenados no están en condiciones de cumplir la pena.
No obstante, indicó que una modificación legal aprobada en la Legislatura rionegrina podría habilitar un pedido de prisión preventiva para los condenados, dado que ya se agotaron los recursos disponibles en la provincia.
Las condenas
Alfredo Roberto Nahuelcheo: 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para funciones policiales por el doble de tiempo.
Maximiliano Ariel Vitali Méndez: 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por 8 años.
Marcelo Ariel Contreras: 3 años de prisión de ejecución condicional, con pautas de conducta, e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Durante estos años, los condenados cumplieron pautas de conducta ya que las sentencias no estaban firmes.
